April 22, 2005

Controversia por ley que invade privacidad en Argentina

Noticia publicada en El Nuevo Herald:

BUENOS AIRES - Una polémica ley que habilita al Estado a interceptar comunicaciones de redes públicas o privadas de telecomunicaciones para combatir el delito despertó el rechazo generalizado en Argentina por considerar que viola la privacidad de los usuarios.

Por la norma, que entrará en vigencia a partir del 31 de julio, la Secretaría de Inteligencia podrá acceder a "toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos por hilo, cable eléctrico, atmósfera, radio electricidad, medios ópticos y/o medios electromagnéticos o de cualquier naturaleza".

Ordena, además, que los prestadores de internet y las compañías de telefonía móvil deberán almacenar durante diez años toda información sobre sus clientes: sitios web que visitan, mails, contenidos de los chats, a quienes llaman y de quiénes reciben llamadas, por ejemplo, ante la posibilidad de que puedan ser requeridos por la justicia.

La ley, sancionada en 2003 por el Congreso y recientemente reglamentada por el presidente Néstor Kirchner, tiene por objetivo "combatir el delito y servir al esquema de seguridad colectivo de la Nación" y menciona como ejemplo los casos de secuestros extorsivos y narcotráfico.

La iniciativa despertó variadas críticas, desde su "inconstitucionalidad" hasta por los costos económicos que implica aplicar la tecnología necesaria para hacer un monitoreo masivo de todas las telecomunicaciones en el país. Incluso, se presentaron numerosas demandas ante la justicia para evitar su aplicación.

"No encuentro fundamentación para una norma tan absolutamente abusiva (...) Se viola lo que es la zona de reserva de intimidad de las personas", dijo el lunes el reconocido constitucionalista Daniel Sabsay.

"Es anticonstitucional porque establece que todos los ciudadanos estamos bajo sospecha", expresó el diputado opositor Mauricio Bossa.

En tanto que el gobierno por ahora evita referirse en público a la ley.

"No voy a responder sobre ese tema", dijo el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, al ser consultado el lunes.

El órgano del Estado encargado de ejecutar las intercepciones será la dirección de observaciones judiciales, dependiente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

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